Las iniciativas del Legislativo
por intervenir injustificadamente en el mercado continúan. Esta vez, la
eficiencia del mercado laboral en el sector público y la estabilidad del
presupuesto nacional se ponen en riesgo tras la aprobación, por parte de la Comisión
de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, del dictamen de varios proyectos de
ley que buscan eliminar el régimen de Contratación Administrativa de Servicios
(CAS). Cabe mencionar que uno de estos proyectos fue presentado por el
vicepresidente de dicha comisión, el congresista de la bancada de Fuerza
Popular, Luis Humberto López[1]; proyecto similar al presentado por el
presidente de la comisión, Justiniano Apaza, del Frente Amplio[2].
Si algo comparten todas estas
iniciativas legislativas es la falta de rigurosidad técnica y que, de aprobarse
en el Pleno del Congreso, le costarían al Estado peruano alrededor del 0.4% del
PBI, lo que generaría que la meta de déficit fiscal establecida para los años
2018 y 2019 no se cumpla, según el director del Banco Central de Reserva del
Perú (BCRP) y ex viceministro de Hacienda Carlos Oliva. Más aún, de acuerdo con
el Instituto Peruano de Economía (IPE), el costo de la planilla pública se
incrementaría entre un 25% y un 30%, es decir, por lo menos unos S/ 2,000 millones
adicionales por año, más o menos el presupuesto para los programas sociales
Juntos y Pensión 65. ¿Cómo es posible que los proyectos mencionados señalen que
no demandarán gasto alguno para el Estado o no irrogan gasto al erario
nacional? La negligente y apresurada aprobación del dictamen sobre estos
proyectos pone en evidencia la urgente implementación de un análisis de calidad
regulatoria (RIA) en el Congreso.
En efecto, la cantidad de
trabajadores contratados bajo el régimen CAS ha venido creciendo de manera
sostenida en los últimos años. De esta forma, entre 2009 y 2016, pasaron de
156,573 a 257,140, es decir, el número de servidores civiles bajo régimen CAS
aumentó a una tasa anual promedio del 8.4%, o un crecimiento acumulado del 76%,
según la Autoridad Nacional del Servicio Nacional Civil (Servir). En el último
año, estos representaban el 22% de los trabajadores del Estado, o un 40% si no
se toma en cuenta a los servidores de las carreras públicas[3], lo que se
condice con un aumento en el costo de la planilla pública, y que, de acuerdo
con información del Ministerio de Economía y Finanzas, creció un 88.6% en el
mismo periodo. Asimismo, según cifras de Servir, el costo de la planilla CAS
aumentó un 249% entre 2009 y 2016, y en ese último año ya representaba un 17.2%
de la planilla del Estado y un 1.2% del PBI nominal.
LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA
Independientemente de evaluar
la idoneidad o no del régimen, es importante tener en cuenta que este fue
creado para solucionar el grave problema generado por el creciente uso de los
servicios no personales en el sector público, introducido en la década del 90
como respuesta a restricciones presupuestales, y un sistema rígido que dejó la
administración precedente para la contratación de nuevo personal, como bien
señala Servir. El uso indebido o desnaturalización de un contrato bajo este
régimen deberá solucionarse según lo previsto en la regulación vigente en
materia laboral, en el cual el servidor puede amparase.
Sin embargo, también es cierto
que la naturaleza de este régimen era de carácter transitorio, por lo que
actualmente viene disponiéndose, aunque lentamente, la migración progresiva
hacia el régimen de la Ley del Servicio Civil. Y es justamente ahí donde los
legisladores deben apuntar, a fortalecer la implementación de la Ley Servir,
basada en la meritocracia para un mejor servicio del Estado hacia los peruanos.
La eliminación del CAS, tal como se encuentra planteada, acarrearía más
ineficiencias en la ya complicada administración pública.
Asimismo, se debería apuntar a
reducir la informalidad laboral en el Estado (12% en promedio, según Servir).
Hoy cerca de la mitad de los funcionarios CAS pertenecen al Gobierno nacional;
no obstante, se observan niveles altos de informalidad en los Gobiernos locales
(26%), donde los trabajadores CAS son solo un cuarto de la planilla.
A la luz de lo anterior, queda
claro que las estrategias y acciones deben replantearse.
[1] Proyecto de Ley N.º
2580/2017-CR.
[2] Proyecto de Ley N.º
1888/2017-CR.
[3] Diplomáticos, docentes universitarios,
profesionales de la salud, profesores de educación escolar, fuerzas armadas y
policiales, servidores penitenciarios y del Ministerio Público, y los
integrantes de la carrera judicial.
https://www.comexperu.org.pe/articulo/eliminacion-del-cas-otra-mas-del-congreso
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