La investigación científica, desarrollo e
innovación tecnológica (I+D+i) son actividades que suelen ser fomentadas por
los Estados, ya que, sin incentivos o beneficios tangibles en el corto plazo,
las empresas, en su mayoría, no destinan recursos para tales fines. Esta
situación no es ajena al caso peruano, puesto que nuestro país se encuentra
rezagado en la región en lo que a gasto en I+D+i se refiere. Según resultados
del I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo, de 2016, el Perú destinó un
0.08% de su PBI a gastos en investigación y desarrollo, mientras que, en promedio,
América Latina y el Caribe destinó un 0.75%. Asimismo, los países de la Alianza
del Pacífico invirtieron en promedio un 0.3%, siendo México y Chile quienes
están a la cabeza, con un 0.54% y un 0.38%, respectivamente.
Si se habla de incentivos para que las empresas
inviertan en I+D+i, aquellos orientados hacia la exención de tributos son los
más frecuentes. Es así como en nuestro país, en marzo de 2015, se promulgó la
Ley N.° 30309, Ley que promueve la investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación tecnológica. Mediante esta norma, se dispuso un
beneficio tributario para los contribuyentes que efectúen gastos en I+D+i,
vinculados o no al giro del negocio de su empresa, siempre que cumplan con una
serie de requisitos y condiciones definidos de la mano con el Consejo Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).
El objetivo de dicha normativa fue lograr una
mayor inversión privada en I+D+i. En tal sentido, luego de que las iniciativas
de inversión sean aprobadas por el Concytec, se dispone que las empresas puedan
optar por deducir un porcentaje del gasto realizado en I+D+i y así reducir su
impuesto a la renta (IR). Esta deducción es equivalente al 175% del gasto si
los proyectos fuesen realizados en centros domiciliados, y al 150% si lo fuesen
en no domiciliados.
Pese al aparente atractivo de dicha regulación, en 2016 solo se
alcanzó la postulación de 80 proyectos, de los cuales apenas 8 fueron
aprobados; mientras que en 2017 se registraron 120 postulaciones, de las cuales
22 fueron aprobadas. En palabras de la presidenta del Concytec, Fabiola
León-Velarde, Colombia, Chile y México son los países de la región que han
logrado con éxito la implementación de esta política de incentivo; sin embargo,
en todos los casos se obtuvo una baja participación en los primeros años de
vigencia.
La poca respuesta del empresariado en torno a esta ley se
explicaría por tres aspectos. En primer lugar, la aún corta vigencia de la
norma. Tomemos como ejemplo el caso de la Ley N.° 29230, Ley de Obras por
Impuestos, mecanismo que les permite a las empresas realizar obras en favor de
los Gobiernos nacional, regionales o locales, así como de universidades
públicas, como crédito contra el pago del IR (ver
Semanario N.° 910). En el primer, segundo y tercer año de vigencia de dicha ley,
apenas se adjudicaron 2, 6 y 7 proyectos, respectivamente; mientras que hacia
2017, luego de ocho años de vigencia, se adjudicaron 76 proyectos.
En segundo lugar, podemos mencionar la
dificultad de conseguir financiamiento para invertir en innovación. Según la
última Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera 2015,
realizada a 1,648 empresas con ventas mayores a 150 UIT, entre los principales
obstáculos para innovar se identificaron el costo demasiado elevado (37.3%) y
la falta de fondos en las empresas (33.7%). En dicho contexto, aún existirían
alrededor de un 38.8% de empresas que no han realizado (ni intentado) ningún
tipo de innovación (ver
Semanario N.° 876).
Finalmente, en tercer lugar, podemos destacar la cultura del statu
quo empresarial. Si bien la innovación y el desarrollo de nuevos productos
o servicios acordes con la demanda y exigencias de los consumidores están a la
orden del día, aún existirían algunos empresarios que se resisten al cambio, y
apuestan por un desarrollo tradicional de sus negocios. Un ejemplo de ello se daría
en el sector textil y confecciones, tanto en aquellas empresas que atienden la
demanda externa, como las que atienden la demanda local. Enfocarse en una
supuesta “competencia desleal” por años desvió sus esfuerzos de hacerse más
competitivos a partir de la innovación, con la consecuente pérdida de mercados
(ver
Semanario N.° 881).
A partir de lo anterior, se entiende que el éxito de la ley que
promueve la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica se
daría de manera progresiva, más aún en la medida en que las empresas superen
algunos obstáculos, como el acceso a financiamiento. No obstante, quizás exista
el espacio para mejorar la legislación, apuntando a mejorar el capital humano,
ya que, según los resultados de la encuesta citada líneas arriba, el 77% de la
inversión en innovación se dirigió a la adquisición de bienes de capital, lo
que revelaría que se apuesta más por la tecnología avanzada que por la
investigación y desarrollo o la capacitación para generar conocimiento y mano
de obra más calificada. Así, que la innovación sea parte de la cultura
organizacional de todas las empresas no solo depende de los incentivos que
formule el Estado, sino también de la voluntad de los empresarios.
https://comexperu.org.pe/articulo/un-incentivo-que-aun-no-despega
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