Hace solo dos años, el Perú tenía una regulación sumamente
obsoleta para que las empresas efectúen donaciones de alimentos. En ese
entonces, la normativa no delimitaba la responsabilidad de los participantes en
la donación (lo cual dejaba con mucha exposición a las compañías interesadas en
ayudar), existía un límite absurdo para hacerlo (las empresas no podían donar
más de un 10% de su renta neta) y, peor aún, estas estaban gravadas con el IGV.
Sí, quien en esa época quería donar productos aptos para el consumo humano se
estrellaba con una burocracia terrible que solo provocaba que destruir los
alimentos (bajo el amparo de la ley) fuera más sencillo y menos costoso, para
que las empresas pudieran deducir este gasto en su contabilidad.
Cabe mencionar que hablamos de alimentos que son un 100% aptos
para el consumo humano, pero que por vaivenes del día a día se golpearon un
poco, su empaque se deterioró en las góndolas o simplemente no fueron adquiridos
por los consumidores y deben ser retirados por su cercanía a la fecha de
vencimiento. Es decir, productos que han perdido su valor comercial para las
empresas, pero que se encuentran en buen estado para ser consumidos o donados a
instituciones que las podrían usar, incluso, el mismo día en que son retiradas
de los establecimientos. Colegios en situación vulnerable, albergues de niños,
comedores populares, etc. Estos productos, en su mayoría hasta antes de 2017,
terminaban incinerados en un botadero, pues era el camino que el Estado había
establecido en sus normas tributarias para las empresas.
Hasta 2015, cerca de S/ 300 millones en alimentos eran destruidos
cada año en nuestro país mientras que 2.3 millones de peruanos sufrían de
subalimentación, 7 millones se encontraban bajo la línea de pobreza y alrededor
de 500,000 niños sufrían de desnutrición crónica (ver Semanario
N.º 809).
Incluso, según la FAO, entre 2014 y 2016, 2.5 millones de personas sufrieron de
hambre en nuestro país, 100,000 personas más que en la anterior medición entre
2013 y 2015.
Debido a esto, y de acuerdo con el último Índice de Seguridad
Alimentaria, elaborado por The Economist, la pérdida total de alimentos
en nuestro país, como porcentaje de la oferta interna, ascendió a 8.8%. Este
hecho nos colocó en el puesto número 89 (de 113 países evaluados), entre los
peores de Latinoamérica, junto con Paraguay (100) y Uruguay (102).
NUEVAS LEYES
El 8 de agosto de 2016, se publicó en El Peruano la Ley N.°
30498, que promueve la donación de alimentos y facilita el transporte de
donaciones en situaciones de desastres naturales; y precisamente un año
después, el 8 de agosto de 2017, se promulgó la Ley N.° 30631, que amplió el
límite de deducibilidad de gastos por concepto de donaciones de alimentos en
buen estado para efectos del impuesto a la renta. Con estas normas, se logró
corregir las tres trabas principales para las donaciones de alimentos en
nuestro país: la responsabilidad de los participantes, el límite del 10% de la
renta neta y la afectación del IGV.
Gracias a ello, el Banco de Alimentos Perú, asociación sin fines
de lucro cuyo objetivo es recuperar alimentos que justamente han perdido su
valor comercial para luego donarlos a quienes más lo necesitan, logró rescatar
2,640 toneladas de alimentos en 2017, un 210% más que en 2016. Asimismo,
lograron incluir a 14 nuevas organizaciones sociales (a quienes destinan los
alimentos rescatados) y con ello incrementaron un 15% el número de
beneficiarios finales. Cabe destacar que, de las 100 organizaciones que
actualmente atiende, un 45% son albergues y un 20%, colegios. El 35% restante
se divide entre organizaciones intermediarias, extraordinarias y comedores.
De igual manera, hasta el momento son 49 las empresas que se han
sumado a trabajar con Banco de Alimentos Perú, entre las que se encuentran
grandes marcas como Tottus, Backus, Alicorp, Supermercados Peruanos, Cencosud,
entre otras. Entre los productos que más se rescatan están los lácteos y
derivados (un 29% del total), las bebidas (20.4%), las frutas y verduras
(18.2%), y los abarrotes (16.8%).
Las leyes dictadas entre 2016 y 2017 fueron un buen punto de
partida para hacer de nuestro país un lugar mejor para todos. Algo tan sencillo
como donar, en vez de destruir, se nos había escapado totalmente de la agenda y
el Gobierno hizo bien al apoyar estas iniciativas. Sin embargo, las necesidades
en nuestro país aún son muchas. ¿Por qué no pensar en agregar a la norma otros
productos que actualmente se destruyen a pesar de estar en buenas condiciones,
como los productos de higiene, de limpieza, ropa o electrodomésticos de primera
necesidad? Aún queda mucho trabajo por hacer, y solo hace falta un poquito de
criterio y racionalidad en beneficio de las personas más vulnerables de nuestro
país. https://comexperu.org.pe/articulo/reducir-la-perdida-de-alimentos-tarea-en-proceso
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