Defensoría del pueblo alerta sobre problemática en el interior del país. Además, como el recién detenido Jorge Acurio Tito, más de una veintena de gobernadores están implicados en procesos por dicho delito y muchos casos ya han recibido sentencia
Al 31 de
diciembre de 2016, los gobiernos
regionales acumulaban 3349 casos de corrupción en investigación en el Ministerio Público y procesos en el
Poder Judicial. A dicha cifra -hecha pública en un reciente informe de la Defensoría del Pueblo- se pueden sumar muchos otros juicios.
Solo esta
semana se detuvo al exgobernador del Cusco Jorge Acurio por supuestamente haber recibido sobornos de la
empresa Odebrecht. También
se desarticuló una red dedicada al lavado de activos que, según la Fiscalía,
era dirigida desde la cárcel por el exgobernador de Ucayali Jorge Velásquez
Portocarrero. Esos son solo dos nombres en una larga lista de máximas
autoridades regionales condenadas o implicadas en delitos de corrupción.
Para el
analista político Diethell Columbus, esta situación es un problema social en el
cual se conjugan elementos políticos y normativos.
“El tema de
la corrupción, a nivel subnacional, obedece básicamente a que quienes
participan o son elegidos provienen, en muchos casos, de movimientos regionales
que no son partidos. Se forman solo con la finalidad de ser vehículos para
llegar al poder. Es necesario mejorar el sistema político-electoral, fortalecer
a los partidos y establecer sanciones más claras para las autoridades que
cometan infracciones. De lo contrario, vamos a tener un montón de reyezuelos en
las regiones que piensan que pueden hacer lo que quieran con el presupuesto
público”, comenta.
El
especialista también considera que la legislación vigente favorece la
corrupción a nivel de gobiernos regionales. “Por poner un ejemplo, si un
gobernador contrata a su esposa para trabajar en el gobierno, no es causal de
vacancia”, agrega.
Por su
parte, la Defensoría del Pueblo exige que los gobiernos actualicen sus portales de
transparencia, en los cuales se detalla cómo se gastan los recursos públicos.
En el año 2016, en general, los gobiernos regionales solo cumplieron en 72% con
la divulgación de dicha información.
DESCENTRALIZACIÓN. Darle autonomía a los departamentos es un proyecto que se
inicia en la gestión de Alberto Fujimori con la creación de los Consejos
Transitorios de Administración Regional (CTAR). Sin embargo, es con la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, promulgada en 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo,
que se formaliza la figura de la región tal como la conocemos ahora. Sus
primeras autoridades -entonces llamadas “presidentes regionales”- se eligen ese
mismo año. ¿Falló el modelo?
Para
Columbus, el problema no es la descentralización per se, sino cómo se ha
llevado a cabo el proceso, que aún mostraría muchas contradicciones.
“Se busca
centralización en lo político, para aminorar el control gubernamental, pero
cuando pasa algo como El Niño costero, las mismas regiones piden el
centralismo, es decir, la intervención del gobierno nacional -a través de la
transferencia de más recursos- para solucionar los problemas que ellos debieron
atender o prever en su momento. Seguimos siendo centralistas cuando las papas
queman. Eso amerita revisar las bases de nuestro proceso de descentralización”,
sentencia.
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