Nuestro país
tendría el más alto nivel de tráfico en América Latina y de las más bajas
respuestas del Estado ante el problema
De cada diez animales capturados en estado salvaje y vendidos de
manera ilegal, en el Perú solo uno llega a convertirse en mascota, el resto
muere. Así lo aseguró la especialista en ecología política y conservación de
primates, Noga Shanee, en una reciente entrevista realizada por Jhonny Salazar
para la publicación Actualidad Ambiental.
Shanee, de origen israelí, lleva nueve años recorriendo la
Amazonía peruana junto al equipo de ambientalistas que conforman la ONGNeotropical Primate Conservation (NPC). Según esta
organización, el panorama de tráfico de fauna silvestre en nuestro país es más crudo de lo que se estima.
Autoridades ambientales desinteresadas y denuncias ignoradas
solo encabezan la lista, a esto le siguen policías que venden o regalan
animales rescatados, organizaciones que evitan abordar el tema, traficantes
impunes, vacíos legales, muy pocos animales liberados y una tupida red de
corrupción. A ello se suman amenazas que reciben las personas como Shanee,
quienes dedican su vida a defender la vida del ecosistema.
En abril del 2014 NPC realizó una investigación para observar el
curso de las denuncias en casos de tráfico de fauna silvestre en el Perú. Dicho
seguimiento permitió que muchas personas a nivel nacional les informaran y
contactaran de manera confidencial para realizar sus denuncias a través de un
correo electrónico (denunciafauna@gmail.com), creado específicamente con esa
finalidad. Esto dio como resultado una denuncia colectiva cuya finalidad es
llamar la atención pública.
Según Shanee, “de las más de 150 denuncias que he entregado a
Serfor (Servicio Nacional forestal y de fauna silvestre), a las fiscalías o
autoridades regionales, pocas fueron atendidas y pocos animales fueron
rescatados como resultado de la denuncia. Peor fue el caso de los procesos
legales: casi todos los casos fueron archivados sin nunca llegar al juez. Gente
que se capturaba en sus casas con docenas de animales en peligro de extinción y
personas traficando miles de pihuichos en cajas, están completamente libres sin
ser juzgados”.
Shanee agrega que la situación se agrava en las denuncias
realizadas sobre mala conducta de autoridades ambientales.
“La impunidad es muy fuerte y estos casos están derivados de una
autoridad a otra por mucho tiempo sin una respuesta definitiva. Y la misma
gente sigue cometiendo los mismos presuntos delitos que nunca fueron
investigados”, señala.
Para esta especialista, el Perú tiene el más alto nivel de
tráfico en América Latina y una de las más bajas respuestas del Estado frente
el problema. Lo más grave de todo es que la gente no sabe dónde hacer las
denuncias o tiene miedo de las represalias si lo hacen.
En el Perú no existe un centro público de rescate oficial, solo
hay iniciativas privadas o antiguos zoológicos que fueron legalizados por el
gobierno regional como “centros de rescate”, pero que generalmente carecen de
ambientes adecuados o de atención veterinaria. Por otro lado, las autoridades
están poco capacitadas –o no lo están- para recibir y hacer el seguimiento
correspondiente a las denuncias.
“Muchas veces yo misma he tenido que explicar las leyes y sus
implicaciones a las autoridades
regionales y a fiscales. Había confusión sobre los animales que debían ser
intervenidos y los que no, desconocimiento en qué casos se considera una
actividad ilícita, una infracción o un delito; desconocimiento para identificar
las especies, cómo manipularlas y, en general, todos los problemas relacionados
al mantenimiento de la fauna silvestre en cautiverio”, explica Shanee. “La
mayoría de las autoridades no ve la tenencia de fauna como mascotas como un
crimen de verdad. Es muy común escuchar a policías, fiscales y funcionarios
regionales, en la mitad de las intervenciones de fauna, burlándose sobre lo
rica que es la sopa de motelo o cómo quisieran llevarse a sus casas a
alguno de los loros decomisados. Esto, obviamente, no es una manera de dar
confianza ni educar a los intervenidos”.
Los monos grandes, como el mono choro (lagothrix sp.) y los
maquisapas (Ateles sp.), son de las especies más codiciadas por los
traficantes. Se estima que por cada mono que llega a ser mascota en una
familia, un promedio de 10 monos deben de morir. Los loros también se ven muy
afectados por el tráfico. Shanee menciona el caso de un rescate de 1,000 pihuichos que fueron traficados en apenas 11 cajas pequeñas y en terribles
condiciones.
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