Polémica. Nuevo instrumento
de adecuación ambiental aprobado por el Minem permitirá que recién en el 2030
pobladores gocen de aire limpio. Informe del Ministerio del Ambiente recomendó
reducir el plazo propuesto por la propia Doe Run.
Esas
partículas de polvo son tan pequeñas y resistentes al agua que cuando respiras
atraviesan las mucosas, pasan fácilmente por el torrente sanguíneo, las
membranas biológicas y pueden llegar hasta tu ADN: la molécula madre que lleva
tu información genética por una célula. Cada partícula fina es cien veces más
delgada que un cabello humano y la literatura científica la cataloga como
PM2.5, partícula que se genera en cantidades industriales durante la fundición
de metales que en el caso delprincipal
complejo metalúrgico del Perú, ubicado en la ciudad
centroandina de La Oroya, se han acumulado en el aire durante décadas.
El
toxicólogo Raúl Loayza de la Universidad Cayetano Heredia es
quien explica el potencial daño de estas partículas finas en el sistema
nervioso y respiratorio del ser humano y advierte que es necesario determinar
el perjuicio específico que pueden causar en los pobladores que rodean la
fundición. Precisamente, el plan decisivo para proteger la salud de los
habitantes de La
Oroya de
elementos nocivos liberados por la fundición de cobre, zinc y plomo es el
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo (IGAC) de la planta, que fue
aprobado en julio último por el Ministerio de Energía y Minas. Este documento
es clave porque contiene los nuevos estándares ambientales que deberá cumplir
el futuro inversionista del complejo, que elegirá una nueva administradora
luego de que la estadounidense Doe Run entrara en liquidación por declararse en
quiebra sin cumplir sus obligaciones ambientales.
Convoca
revisó con la ayuda de ingenieros ambientales este documento de más de cinco
mil páginas y otros anexos de los nueve CD del expediente y encontró varios
puntos críticos, en medio del inagotable conflicto entre los pobladores que
defienden parámetros exigentes para proteger su salud y trabajadores que
protestan porque la fundición vuelva a operar al cien por ciento y se defina de
una vez al nuevo dueño.
En
cualquier caso es inocultable el inventario de evidencias del daño al ambiente
y la salud pública. El Ministerio de Salud en convenio con la propia Doe Run
concluyó en tres censos hemáticos, entre 2004 y 2006, que más del 90% de
cientos de niños examinados de las localidades aledañas a la planta han
sobrevivido con concentraciones de plomo en la sangre que llegan a triplicar
los diez microgramos por decilitro que exige el Organismo Mundial de la Salud.
El plomo, que modifica el funcionamiento de las neuronas y produce males
respiratorios, ha marcado la vida de cientos de niños, incluso antes de nacer:
más de la mitad de las mujeres gestantes evaluadas en estos censos concentraban
en su organismo más plomo de lo tolerable. El Instituto Blacksmith de Nueva
York consideró a La Oroya como una de las diez ciudades más contaminadas en el
mundo, junto a Chernobyl, que fue arrasada por un desastre nuclear, y el
Tribunal Constitucional del Perú ordenó en el 2006 al gobierno peruano tomar
medidas para proteger la salud de los pobladores, pero estas solo se han
cumplido parcialmente.
Puntos críticos
El
Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo fue presentado por Doe Run en mayo
último porque el Decreto Supremo 040-2014 del sector Energía y Minas (Minem)
exigía que aquellas unidades mineras que tenían instrumentos ambientales
caducos debían adecuarse a nuevos estándares fijados por el Ministerio del
Ambiente (Minam). Cuando Doe Run compró la fundición en los 90 se comprometió a
cumplir con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) en un plazo de
diez años, que luego fue ampliado en el 2006 por dos años y siete meses con una
norma a su medida a pesar de sus reiterados incumplimientos.
Esta
vez, el gobierno de Ollanta Humala formó un equipo especial "ad hoc",
dijo el Minem a Convoca, para aprobar en cuatro meses el IGAC ante las
protestas de los trabajadores que exigen la venta inmediata de la planta. Pero
en este proceso de evaluación acelerada hay varios puntos propuestos por la
propia Doe Run que nuevamente postergan la protección de la salud de los
pobladores. El primero y más cuestionados de todos: la nueva operadora de la
planta tendrá 14 años más para adecuarse a las exigencias ambientales, por lo
que en ese período no se le podrá sancionar por excederse de los parámetros
vigentes de dióxido de azufre generados por la fundición de metales. Recién a
partir del 2030, los habitantes de La Oroya podrán respirar otros aires a
diferencia del resto de enclaves mineros del Perú.
Los
14 años se aprobaron a pesar de que parte de los principales procesos que debe
modernizar el nuevo operador, como el circuito de cobre, el principal mineral
procesado en la fundición, ya tienen un avance de más del 50% y algunos equipos
que deben implementarse ya están dentro de la planta, según informó Doe Run en
un Power Point enviado al Minem en mayo último. Esto se puede comprobar en
fotos tomadas hace apenas una semana, a las que accedió Convoca.
¿Coordinaron
plazo?
El
viceministro de Gestión Ambiental del Minam, Mariano Castro, dijo a Convoca que
ahora las obligaciones "son mayores que con el anterior operador (Doe
Run)" (un nuevo horno Isasmelt para el circuito de plomo, una planta de
lavado de gases y nuevas tuberías para conducir estos gases tóxicos a una
chimenea en el cerro Sumi). Mientras que el Minem respondió, vía correo electrónico,
que el plazo de adecuación fue coordinado con el Ministerio del Ambiente y que
los proyectos se han "ordenado secuencialmente" de acuerdo con
criterios técnicos. Lo real es que esa fue la propuesta de Doe Run, pero no la
recomendación técnica inicial del sector Ambiente.
El
informe técnico Nº 426-2015-MINAM/VMGA/DGCA de la Dirección de Calidad
Ambiental del Minam, firmado el 23 de junio por el especialista Wilder Rojas
Ortiz, recomendó que los proyectos de adecuación se realicen "de manera
previa y/o paralela, y que además se considere aligerar los tiempos previstos
en los trámites de licencia para la construcción de cada proyecto, con el
objetivo de reducir el período de 14 a 10 años".
Esta
sugerencia va en la misma línea de la que realizaron en el 2006 expertos
recomendados por el Banco Mundial al Minem sobre las actividades simultáneas
que debía realizar Doe Run para cumplir con el PAMA cuando se amplió el plazo
por dos años y siete meses.
Convoca
pudo conocer que, en realidad, el plazo de los 14 años se aprobó en función de
"la rentabilidad financiera" de Doe Run, que en su propuesta calculó
unos 800 millones de dólares de inversión para los proyectos del plan de
adecuación ambiental, curiosamente con un margen de error de 40%, que haría
poco atractivo el complejo a cualquier otro inversionista.
Los
intereses de Doe Run han estado en la atmósfera de estas decisiones. El
ingeniero metalurgista Prudencio Rivera Chávez fue uno de los técnicos que
abrobó el IGAC presentado por Doe Run, donde trabajó años atrás.
Partículas
peligrosas
El
nuevo estándar de calidad ambiental de aire para el dióxido de azufre recién se
podrá cumplir en La Oroya a partir del 2030, con un valor de 80 microgramos por
metro cúbico (ug/m3) diarios y no de 20 microgramos como se le exige al resto
del país desde enero del 2014, debido a que en el 2013 se exceptuó de esta
obligación a las operaciones productivas que se realicen en Arequipa, Ilo y La
Oroya.
El
viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro, explicó a Convoca que existe
este régimen especial para las cuencas atmosféricas de estas zonas porque
"tienen una condición acumulada" de dióxido de azufre que proviene
del "transporte, la calidad del combustible, los efluentes
industriales", que son fuentes de contaminación adicionales al complejo
metalúrgico de La Oroya.
Por
lo tanto, en los próximos 14 años solo se podrá exigir a la fundición que no
supere el parámetro de aire de 80 microgramos de dióxido de azufre al año y los
365 microgramos cada 24 horas.
El
aire que respiran los pobladores de La Oroya es de tan baja calidad que incluso
hoy que la fundición solo opera el circuito de zinc los nubarrones que salen de
la chimenea permiten registrar en la estación Sindicato, ubicada a unos 800
metros de la planta, que en los últimos dos meses se excedió en cinco
oportunidades el estándar de calidad de 80 microgramos de dióxido de azufre por
metro cúbico al día, según un análisis realizado por Convoca con las cifras de
monitoreo de Doe Run, entre julio y la primera semana de setiembre (ver
infografía).
El
IGAC fue aprobado sin que se exija a la empresa que cumpla con el estándar de
calidad de aire para las partículas finas PM 2.5 a pesar de su efecto nocivo en
las vías respiratorias, el cual se encuentra vigente desde enero del 2014, un
año y medio antes de la aprobación de este documento. El Minem respondió que
solo se consideró el monitoreo de estas partículas porque el plan de adecuación
se ha centrado en el dióxido de azufre.
Pero
el instrumento de gestión ambiental tampoco fue aprobado con informes de salud
actualizados y un estudio de factibilidad con información detallada para el
"modelamiento de dispersión atmosférica", que permite evaluar la
magnitud del impacto de las emisiones en el aire. En el levantamiento de observaciones
del IGAC, el Minem señala que la empresa presentó un "estudio de
prefactibilidad" que "no describe escenarios reales de la propuesta
de adecuación a los ECA de aire" y absuelve esta observación con la
promesa de que la compañía cumplirá esta exigencia en el futuro.
Con
estos antecedentes y los puntos críticos de este nuevo instrumento ambiental
sobre la mesa, la junta de acreedores del complejo metalúrgico de La Oroya, que
desde el viernes 18 preside la abogada Rosario Patiño, asesora del Minem, deberá
encontrar una salida para hacer viable la venta de la principal fundición de
metales del país sin postergar la protección de la salud de los pobladores de
esta golpeada ciudad.
Nueva
chimenea y potencial impacto
Si
bien en el expediente aparece un estudio de factibilidad técnico del IGAC, los
ingenieros ambientales consultados por Convoca resaltaron por lo menos una
docena de observaciones en este documento, entre las que figuran la falta de
estudios de costo sustentados por cada proyecto, la ausencia de la firma del
especialista responsable de la consultora CGT Company que elaboró el estudio y
la omisión de evaluaciones topográficas y de riesgos para la construcción de la
nueva chimenea que liberará los gases de la fundición en el cerro Sumi.
Cerca
de este cerro se ubican el centro poblado Norman King, La Oroya Antigua, las
comunidades ganaderas Huari y Huaynacancha, así como el centro poblado
Marcavalle, que serían afectados por la nueva chimenea. Ex autoridades de Huari
confirmaron este potencial daño. Además, la descarga de emisiones de dióxido de
azufre en este cerro fue calificada como la opción menos efectiva por la
importante consultora canadiense RWDI en los 90, cuando el Minem debía aprobar
el programa de adecuación ambiental a Doe Run debido a que mantenía altas
concentraciones de dióxido de azufre en un radio de "9 kilómetros a la
redonda".
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