La reforma de las empresas estatales es un
reto clave al que se enfrentan los líderes del país asiático
Si en algo están de acuerdo economistas, empresarios y políticos
de dentro y fuera de China es en la necesidad de reformar las empresas
estatales. En la historia reciente del país, varios líderes chinos han mostrado
su voluntad de hacerlo: unos han promovido cambios significativos, otros no se
han atrevido y otros se han quedado a medio camino. Ahora es el turno de Xi
Jinping, durante cuyo mandato está demostrando tener suficiente mano dura para
enfrentarse a cualquier aspecto que pueda poner en riesgo la continuidad del
Partido Comunista, desde la corrupción a la disidencia. La posibilidad de un
frenazo económico que pueda debilitar su poder le urge a aplicar esta misma
política con las empresas estatales, una vez diagnosticado que son una de las
causas de la enfermedad que padece la economía china, aunque el tratamiento sea
doloroso.
Estas grandes compañías son todo un obstáculo para los que
consideran, como el Partido Comunista proclamó hace dos años, que las fuerzas
del mercado deben desempeñar un papel primordial en la economía. En China hay
unas 155.000, abarcan sectores como la banca, energía o telecomunicaciones,
gestionan activos por valor de 14,5 billones de euros y emplean a 37 millones
de personas. Herencia de la economía planificada que estableció Mao Zedong, son
el brazo que le permite al Partido conservar su poder en industrias
estratégicas.
El problema es que no son eficientes y lastran el desarrollo del
sector privado. Sus directivos son cargos políticos que toman decisiones acorde
con los intereses del Partido y no por criterios económicos. Se desenvuelven en
un régimen de casi monopolio gracias a leyes que favorecen su dominio, gozan de
subvenciones y se quedan con gran parte del pastel del crédito. Ante el
convencimiento de que son demasiado grandes para caer y que el Estado
intervendrá en caso de dificultades, muchos de los recursos invertidos en ellas
caen en saco roto.
“Estas empresas han sido
una parte indispensable de la exitosa historia de crecimiento de China, pero
ahora sufren problemas de baja productividad, falta de innovación, poca
competitividad en el exterior y corrupción. La reforma es necesaria”, asegura
Xiao Geng, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Hong Kong. El avance del proceso de reforma está siendo tan lento que resulta
insignificante. Según un informe de la Cámara de Comercio Europea en China,
solamente las compañías farmacéuticas aseguran haber notado una mejora en los
últimos dos años en este ámbito. Globalmente, “no se ha observado un cambio
real y el dominio de las empresas estatales no se ha reducido”.
Proyecto
de reforma
Las autoridades chinas presentaron hace pocos días su propuesta
de reforma. El proyecto se basa en su privatización parcial, la
profesionalización de su gestión y fusiones. Las compañías se dividirán en dos
tipos, unas con fines comerciales y otras con fines sociales. En todos los
casos, advierte esta declaración, “se reforzará y mejorará el liderazgo del
Partido” sobre estas empresas.
La propuesta ha sido recibida con escepticismo. “Es
decepcionante. La entrada de capital privado no es nada nuevo: más del 80% de
las empresas estatales están ya parcialmente privatizadas y este factor en sí
mismo no ha ayudado mucho a mejorar su rendimiento. La esperanza es que el
Gobierno se aleje de la gestión del día a día, pero las autoridades chinas aún
parecen reacias a dar un paso atrás”, asegura Capital Economics en una nota a
clientes.
No es un cambio fácil. El statu quo funciona para unos pocos que
se han enriquecido y han gozado de numerosos privilegios durante las últimas
décadas. Estas familias y sus patrones políticos han acumulado mucho poder y
forman un frente contra el cual Xi Jinping no parece dispuesto a enfrentarse.
“Es un documento de consenso que intenta reflejar los distintos puntos de vista
que existen en el seno del Partido Comunista y la sociedad china. No es un plan
ideal, pero soy optimista en que podamos ver una mayor competencia, más
responsabilidad y una mejor provisión de bienes públicos en el futuro”, explica
Xiao.
Otro de los problemas de una reforma drástica y privatizaciones
a gran escala es su posible impacto en el mercado de trabajo. Cuando el
exprimer ministro Zhu Rongji emprendió a finales de los noventa del siglo
pasado la última gran oleada de privatizaciones, unas 60.000 compañías cerraron
y 40 millones de trabajadores fueron despedidos. Las magnitudes serían ahora
menores, pero China no quiere sobresaltos en los niveles de empleo —garante de
la estabilidad social— y menos en un momento en que su economía sigue
desacelerándose. Pese a la fuerte oposición interna, Zhu logró imponer sus
tesis y dirigió al país.
Las
mayores empresas estatales chinas son solo un centenar, administradas por la
Comisión para la Supervisión de Activos Estatales (SASAC). Entre ellas están
las grandes petroleras, eléctricas, compañías de telecomunicaciones, grandes
constructoras, aerolíneas o bancos, sectores considerados estratégicos para el
Gobierno. Sin embargo, hay muchas otras compañías estatales (unas 80.000, según
estimaciones oficiales) que se consideran empresas de tamaño medio y operan en
industrias no tan determinantes como la restauración, la hostelería o las
ventas minoristas. En su mayoría son propiedad de las administraciones locales.
Ser más pequeñas, sin embargo, no significa que pierdan privilegios. Tienen
garantizadas mejores condiciones de financiación, subvenciones y menos presión
para cumplir con las normas. Los analistas consideran que su privatización sería
un paso crucial para la economía porque son compañías con una productividad aún
baja.
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/19/actualidad/1442689492_573010.html
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