Es más que probable que sea la mala educación y no la mala
política económica la principal razón de que América Latina no crezca con más
rapidez. Debido en gran medida a nuestras malas escuelas, no tenemos una fuerza
laboral capaz de competir con la de Corea del Sur y otras de alto crecimiento.
A mediados de los años 60 el ingreso per cápita en Corea era de US$1.000 al año
y hoy, tras una radical reforma educativa (1975-1990), es de US$33.000 al año,
el doble del promedio mundial. Chile, el país más rico de América
Latina, superaba de lejos a Corea del Sur en 1960 y hoy el país asiático casi
lo duplica en ingreso per cápita.
Una buena educación no sólo impulsa el crecimiento. También
ayuda a reducir la desigualdad. Una buena educación pública y gratuita,
como la que se ve en casi todos los países desarrollados, es el gran nivelador
social que da igualdad de oportunidades a ricos y pobres.
Un marco más adecuado de
propiedad, financiamiento y selección de las escuelas públicas, así como un
sistema de carrera docente basada en el mérito son las acciones que hasta ahora
han emprendido los gobiernos de México y de Chile. Ambas acciones son correctas
y quizá sean prioritarias, pero ninguna va al fondo del asunto...
América
Latina ya emprendió, con éxito, una gran reforma educativa: la de la cobertura.
El gasto público en educación aumentó en todos los países de los años 70 a los
90 y hoy casi todos los niños latinoamericanos saben leer y escribir. Cerca del
90% de ellos terminan la educación primaria.
Eso era necesario, pero está lejos de ser suficiente. Programas
de estudio establecidos en algunos casos hace medio siglo y maquillados con
clases de computación y anémicos cursos de capacitación para profesores hacen
que el problema crezca año tras año. No basta la cobertura, urge
mejorar la calidad. A medida que se globaliza la economía, las
recompensas de la globalización van crecientemente a los trabajadores con más
destrezas y mayor productividad: los mejor educados.
Y sólo
dos países de la región, México y Chile, han iniciado reformas para mejorar la
calidad de su educación,
América
Latina está muy por detrás de Asia y del mundo desarrollado, según los
resultados de la única herramienta que mide permite comparar a nivel global la
calidad de la educación entre países: las pruebas PISA (Program for
International Students Assessment), que conducen cada tres años la OCDE, un
club de naciones ricas al cual pertenecen México y Chile en la región.
Las pruebas PISA miden niveles de educación en lectura,
matemáticas y ciencia entre jóvenes de 15 años de edad, en 65 países. Se ha
cuestionado su metodología y el valor de sus resultados, pero no hay otra
herramienta que compare los niveles de calidad de educación entre distintos
países a nivel mundial.Según sus puntajes, la mejor educación de América
Latina se da en el pequeño Chile.
No es
para sentirse orgulloso. A nivel mundial, Chile está entre los peores: ocupa el
lugar 53 entre los 65 países evaluados. Le siguen en la región dos países aun
más chicos -Uruguay (puesto 55) y Costa Rica (56)- y entre los diez últimos
lugares del mundo se ubican Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú. Es
cierto que hay un centenar de países que no participan de la prueba, muchos de
ellos impugnando la metodología de PISA, pero el hecho de que no quieran
someterse a este examen da motivos para pensar que no ocuparían lugares
destacados.
Entre
los no evaluados están Venezuela, Ecuador, Paraguay y los países
centroamericanos. ¿Cómo medir la calidad de su educación frente a estándares
globales si se niegan a participar en las pruebas internacionales? Por muy
bienintencionadas que sean sus autoridades educativas, ¿con qué herramientas
podrían establecer cuáles son las reformas que habría que emprender para
intentar llegar a los niveles de los países líderes en educación, como
Finlandia, Corea del Sur y Japón?
Las
dudas en torno a la metodología de PISA han generado otros tests globales de
medición. El Tercer Estudio Comparativo y Explicativo Regional de la Unesco
(TERCE, según su sigla en inglés) evalúa a 15 países de la región, incluyendo a
México, Venezuela, varios países centroamericanos y República Dominicana.
TERCE, además, evalúa a los estudiantes en distintas etapas de desarrollo educativo,
entre los ocho y los once años de edad. Pero mide a los países dentro de la
región, sin compararlos con el resto del mundo.
Chile
vuelve a ocupar el primer puesto en América Latina, seguido de Costa Rica y
Uruguay, y en casi todos los países ha mejorado levemente la calidad de la
educación, respecto de la misma prueba tomada en 2006.
Controvertidos
como son, los resultados de estas pruebas han puesto el acento donde deben,
indicando con toda claridad que la reforma pendiente es la de la calidad de la
educación.
También han revelado que no basta con aumentar el gasto en
educación para resolver los problemas de la educación. América Latina
ya gasta en educación casi lo mismo que lo que gastan en promedio los países de
la OCDE, con mucho mejores resultados. México gasta en educación más que
China y varios países asiáticos como porcentaje de su economía y, sin embargo,
el 25% de los jóvenes méxicanos ingresa a la universidad, contra el 93% de los
coreanos.
América Latina sí falla en el gasto en el llamado "capital
de conocimiento", definido como la capacidad de un país de innovar y
diseminar la innovación. Eso incluye el
gasto en escuelas, universidades y centros de estudio, investigación y
desarrollo, medios de comunicación e infraestructura de información y comunicaciones. En
promedio, los países latinoamericanos gastan cerca del 13% del PIB en estas
tareas de conocimiento, menos de la mitad de lo que gastan los países de la
OCDE. Y el gasto en investigación y desarrollo es mucho menor.
En febrero de 2013, pocos meses después de asumir la presidencia
de México, Enrique Peña Nieto firmó una profunda ley de reforma de la educación
aprobada por el Congreso que inicialmente buscaba reducir el poder del
sindicato de profesores de ese país, el más grande de América Latina. El
sindicato controla los contratos de nuevos maestros y administra los
establecimientos educacionales, estableciendo verdaderas dinastías con algunos
cargos docentes traspasados de padres a hijos. Muchos profesores
mexicanos empiezan a trabajar en las escuelas sin haber pisado nunca antes un
aula.
Al día
siguiente de entrar en vigencia la ley, la justicia arrestó a la presidenta
vitalicia del sindicato, Elba Esther Gordillo, acusándola de malversar US$150
millones de la organización para gastos personales, incluyendo la compra de
casas en California, un avión, obras de arte y operaciones de cirugía estética.
Gordillo está siendo sometida a juicio y sigue en la cárcel hasta hoy.
La
acción del gobierno de Peña Nieto fue aplaudida en México y el exterior
-incluyendo AméricaEconomía- como una señal de que la reforma educacional iba
en serio. Pero dos años y medio después no está nada de claro que Peña Nieto le
haya doblado la mano a los maestros. El sindicato sigue controlando qué se
enseña y quién enseña en las escuelas. Y, además, se opone a que los profesores
sean evaluados, piedra angular de la reforma educativa para establecer una
carrera docente basada en el mérito.
Los
maestros han estado en pie de guerra contra la reforma en las últimas semanas,
convirtiendo su disputa con el gobierno en un ring de boxeo. Por estos días
debía iniciarse la prueba de conocimientos para 250.000 aspirantes a profesores
y los tests de evaluación de 1,2 millones de docentes en ejercicio. Pero los
maestros ordenaron un paro en los días previos a las elecciones intermedias de
fines de mayo, tomándose en muchos lugares las calles de acceso a los sitios de
votación. El gobierno anunció que suspendía el programa de evaluaciones
docentes. Lo reinició inmediatamente después de los comicios -Peña Nieto perdió
apoyo, pero conservó mayoría en el Congreso- y las primera semanas de junio han
sido de paros, protestas y confrontación. Mientras tanto, los estudiantes están
sin estudiar.
Esto es
una tragedia desarrollándose en cámara lenta. Los profesores, buscando
defender sus intereses corporativos, a veces muy justificadamente, se han
convertido en una fuerza que se opone al progreso del país. Algo parecido
sucede en estos días en Chile, el otro país latinoamericano que ha emprendido una
reforma educacional profunda. México empezó su reforma buscando reformar a los
profesores y Chile lo hizo modificando la propiedad, financiamiento y selección
de alumnos en las escuelas públicas. Ahora, el gobierno chileno acaba de
presentar al Congreso un proyecto de ley de estatuto docente que también exige
evaluar a los profesores. El sindicato de maestros chileno, como el mexicano,
ha reaccionado con protestas, paros y confrontación.
Los
profesores tienen todo el derecho a defender sus intereses y sus agrupaciones
gremiales existen para eso. Pero no buscan mejorar la educación de los niños ni
debieran hacerlo. Esa tarea le corresponde al gobierno. Los profesores están
defendiendo sus propios intereses invocando el interés de los alumnos y la
calidad de la educación.
Un marco más adecuado de propiedad, financiamiento y selección
de las escuelas públicas, así como un sistema de carrera docente basada en el
mérito son las acciones que hasta ahora han emprendido los gobiernos de México
y de Chile. Ambas acciones son correctas y quizá sean prioritarias, pero
ninguna va al fondo del asunto. Lo que importa en una reforma educativa
que pretende mejorar la calidad de la educación es qué es lo que se enseña a
los estudiantes, en qué destrezas se les adiestra para que compitan mejor en la
arena laboral que viene, cuántas horas de clases y cuántas horas de tareas en
casa necesitan; cómo capacitar mejor y pagar mejor a los profesores para que
enseñen mejor, cómo atraer a los mejores talentos para que se dediquen a la
pedagogía.
Hasta
el momento, nada de eso se ha visto en las reformas mexicana o chilena. Pero
son temas que en ambos casos están en la agenda.
Buena suerte. La reforma educativa no sólo es hoy la más
importante. También la más urgente. Y quizá, también, la más difícil
de emprender.
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