La incertidumbre para los transportistas que se adjudicaron
rutas en los cinco corredores complementarios se acentuó el miércoles pasado
tras el ultimátum que dio Pro Transporte: los contratos de los corredores
azules Tacna-Garcilaso-Arequipa y Javier
Prado-La Marina (que
funcionan en etapa de prueba) serán anulados si al 31 de marzo si los
concesionarios no cumplen una serie de requisitos para la preoperación.
Pero, ¿qué tanto ha avanzado Pro Transporte para cumplir con su parte del
contrato?
En conversación con El Comercio,
representantes de cuatro corredores (Javier Prado, Carretera Central,
Panamericana y San Juan de Lurigancho) señalaron que hay responsabilidades
contractuales que la gestión municipal deja de lado. Por ejemplo, los
operadores de Javier Prado tienen pérdidas de S/.2 millones al mes porque siguen compitiendo con 118
rutas tradicionales.
“Trasladamos 30 mil pasajeros al día cuando estaba proyectado
que sería el doble en fase de prueba”, afirmó Ángel Mendoza, del consorcio
Expreso Javier Prado. Según él, la municipalidad no fiscaliza que no ingresen las primeras 11 rutas
que fueron retiradas el año pasado, ni ha ejecutado la orden que dejó la
anterior gestión para sacar otras siete a inicios del 2015.
Pro Transporte planea asumir esta y otras
obligaciones recién el 31 de marzo. “Antes, no puedo quitar buses [de las
rutas tradicionales] porque simplemente no hay suficientes buses [de la
concesión] para atender la demanda”, argumentó su asesor jurídico, Raúl
Fernández.
“El contrato señala que debe haber coordinación entre Pro
Transporte y GTU para el retiro de las rutas. Y eso
no se ejecuta de la noche a la mañana, sino previa notificación. ¿Cuándo lo
harán? ¿El mismo 31?”, cuestionó Héctor Vargas, del consorcio
Inka Bus-Carretera Central.
PROCESO SIN GARANTÍAS
Faltan cinco semanas para el inicio de la preoperación y los
consorcios ya reúnen casi todas los requisitos como contar con patios de
maniobras, colocar a los choferes en planilla y poseer cartas-fianzas. Solo les
falta la transferencia de propiedad vehicular.
Luis Maraví, del consorcio Panamericana S.A., explicó que ese es
el mayor inconveniente, pues la mayoría de vehículos están en ‘leasing’; es
decir, el banco mantiene la propiedad del bus hasta que se termine de pagar el
crédito. No obstante, Ángel Mendoza, de Javier Prado, sostuvo que si bien
podrían acreditar la propiedad de toda la flota requerida para la preoperación,
corren el riesgo de más pérdidas económicas, pues los buses no podrían prestar
servicio hasta que no se retire la competencia.
Los transportistas advierten que el silencio del alcalde Luis
Castañeda sobre la continuidad de los cinco corredores complementarios genera
desconfianza en los bancos y, por ende, se niegan a otorgar las cartas-fianza a
los operadores que faltan firmar contrato para los otros tres corredores
complementarios (Panamericana, Carretera Central y San Juan de Lurigancho)
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