COMPLICIDAD DESDE LA SOMBRA

La pretensión de Oncoser era hacerse de 44 millones de soles con ayuda de los árbitros y "soplones"

04 de Febrero del 2015 - 10:26 | Arequipa -

La trama tejida en torno al embargo de Oncoserv al Gobierno Regional de Arequipa pone de manifiesto no solo una bien pensada organización delictiva, sino la fragilidad del sistema legal imperante. Y es que hasta ahora, todo lo actuado parece ser legal. ¿Dónde está la estafa?

Cuando Eddy Manfreda, gerente de Oncoserv Sac, inició el proceso de arbitraje con el Gobierno Regional, el desenlace ya había sido planeado, al amparo de dos de los tres miembros del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Lima; Pablo Iglesias y Hernando Talavera (presidente). Lograr el embargo de siete millones 192 mil soles (diciembre del 2012) le resultó fácil a Manfreda y fue por más.

En febrero del siguiente año,  e10 días después de hacer efectivo el retiro del dinero de las cuentas del Gobierno Regional, Oncoserv logró retener más dinero del Gobierno Regional hizo lo mismo en julio del mismo año y posteriormente otro tanto, llegando a poco más de 14 millones 380 mil soles.

Por las investigaciones, se sabe que Manfreda y sus socios lograron retirar en efectivo los primeros siete millones 192 mil soles y el resto, a decir del propio gerente de Oncoserv, le fueron entregados a una entidad bancaria a la que le debía dinero.

MECANISMOS.Los árbitros no representan los intereses de las partes y ejercen el cargo con estricta independencia, imparcialidad y absoluta discreción. En el desempeño de sus funciones no están sometidos a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, gozando además del secreto profesional”, es lo que señala el artículo 29 del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, nada más alejado de lo que pasó con Oncoserv.

Una vez instalado el Tribunal, Manfreda inició en este organismo una Medida Cautelar, exigiendo una garantía para el resarcimiento de los daños que le había ocasionado el cese del convenio con el GRA. Pero el mismo Reglamento del Tribunal Arbitral (TA) especifica que esta es una medida temporal hasta que se resuelva la controversia o para impedir algún daño inminente, lo que en ninguno de los casos pasó con el Gobierno Regional.

Además, siguiendo la tónica del TA, este debió poner el hecho de conocimiento de la región inmediatamente presentado el requerimiento y más aún, cuando se iba a ejecutar.

Lo curioso es que en diciembre del 2012 el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la Resolución Directoral Nº 063-2012-EF/52.3 que dictó disposiciones sobre la centralización de los Recursos Directamente Recaudados de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y del Gobiernos Regionales en la Cuenta Principal del Tesoro Público, transferencia que debía ejecutarse en plazo de 24 horas siguientes a la percepción y/o disponibilidad de las recaudaciones, medida que entró en vigencia el 2 de enero del 2013, pero el Gobierno Regional de Arequipa no ejecutó esta disposición y permitió así que se hiciera efectivo el embargo. Recién notificó tal disposición a las unidades ejecutoras en julio, es decir, siete meses después de que había entrado en vigencia.

Como si fuera poco, pese a que el GRA, conocía el pedido de la medida cautelar, no protegió las cuentas institucionales, ni para el primer embargo ni para los subsiguientes. Es más, el 25 de junio el Consejo Regional emitió el acuerdo Nº 101 que a la postre se convirtió en ordenanza y que incluso se publicó en el diario El Peruano, lo que determinaba, entre otras cosas, la necesidad de crear nuevas cuentas bancarias para proteger los recursos regionales, sin embargo, esta medida tampoco se ejecutó y el embargo continuó hasta julio del mismo año.

EFECTIVO.La participación del Tribunal Arbitral no se limitó solo a dar pase a las medidas cautelares, Por el contrario, al amparo en el artículo 51 de su reglamento, ejecutó el primer embargo. El Banco de la Nación entregó los certificados de los depósitos retenidos al Gobierno Regional al Tribunal Arbitral. Entonces, Pablo Iglesias y Hernando Talavera endosaron los bonos a Eddy Manfreda, quien cobró en efectivo los primeros 7 millones 192 mil soles. Esta acción, como todas las otras efectuadas a través del Tribunal Arbitral, debieron ser de conocimiento de la tercer miembro del TA, Sheyna Tejada, quien formaba parte del organismo por designación del GRA. Su participación es toda esta trama, formó parte de la investigación en la Fiscalía Supranacional a cargo del caso de la aparente red mafiosa de Rodolfo Orellana.

Lo conseguido no fue suficiente para Oncoserv y finalmente el 12 de diciembre del 2014, el Tribunal Arbitral emitió el Laudo Arbitral por el que ordenó el pago de 7 millones por restablecimiento económico y quiebre del equilibrio financiero correspondiente al año 2011. Otros 3 millones 387 mil dólares por el 2012 y 2 millones 236 mil dólares por el 2013.

Adicionalmente, el Laudo determinó que el Gobierno Regional pague a Oncoserv 3 millones 943 mil dólares por daños y perjuicios, ante la inversión realizada y por lucro cesante otros 3 millones 49 mil dólares, haciendo un total de 44 millones de soles. A esto ascendía lo que los involucrados pretendían arrebatarle al GRA.

LIMPIEZA. La actuación de los árbitros y del propio Manfreda se apoyó en recursos legales precisos, al extremo que para la Fiscalía Supranacional que investiga el caso, lo principal será determinar el delito en el que incurrieron Manfreda, su esposa, los árbitros Iglesias y Talavera, así como el denominado agente lobista Guillermo Alarcón, quien aparentemente fue quien gestó el acercamiento de Oncoserv con el Gobierno Regional en 2006.

Pero no serían los únicos culpables. Al interior del Gobierno Regional no solo se cometió omisión, sino también complicidad. Llama la atención la precisión con la que se conocieron las cuentas a las que debió de dirigirse el embargo, mientras que simultáneamente se obviaban disposiciones como la Resolución Directoral del Mef o el propio Acuerdo Regional que de alguna manera habrían evitado el desfalco.

No obstante, gracias a los esfuerzos de la red mafiosa, la validez del laudo Arbitral está cuestionada y de acuerdo a ley, lo que se debe hacer es pedir la nulidad del mismo, argumentando que dos de los miembros habrían cometido colusión en perjuicio de una parte

Pero con dos de los tres integrantes del TA fuera de carrera, lo que resta es recurrir al amparo de la ley. Fuentes de la Cámara de Comercio de Lima, explicaron que el reglamento del TA establece mecanismos para el reemplazo de los árbitros en caso de Recusación, Remoción, Renuencia o Renuncia. Para efectos de este caso, la remoción podría ser aplicable, tomando en cuenta que dos árbitros se ven impedidos de hecho para ejercer sus funciones y no pueden cumplir su trabajo en un determinado plazo. Siendo así, el Consejo Superior de Arbitraje podrá disponer su cambio, a iniciativa propia o a solicitud de parte, es decir del Gobierno Regional.

El Gobierno Regional puede también recurrir al Ministerio de Justicia para que aplique el estatuto relacionado con el trabajo de los árbitros, si lo que se quiere es seguir el proceso en esta instancia. No obstante, también es posible llevar el asunto al Poder Judicial para pedir en una Sala Civil, la nulidad de todo lo actuado en torno Oncoserv.

El punto dos del artículo 29 del Reglamento del Tribunal Arbitral precisa “los árbitros se encuentran en todo momento sujetos a un comportamiento acorde con el Código de Ética del Centro”, una frase que no cobra ningún sentido en este caso, más aún cuando ni el Centro de Arbitraje ni la Cámara de Comercio de Lima se han pronunciado al respecto. Sin duda en torno a este tema. Hay mucho más pan para rebanar.

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