A pesar de que el
recientemente publicado reporte de Doing Business muestra una mejora relativa
en la competitividad del Perú frente a nuestros referentes regionales, el
fantasma de la burocracia como traba para el desarrollo nacional se mantiene
presente en la sociedad; viéndose reflejada la preocupación y foco en los
medios sobre este tema en los últimos días. Y es que somos conscientes de la
necesidad urgente de mejorar y hacer más eficiente a la administración pública
para hacer sostenido nuestro crecimiento y desarrollo productivo.
Para quienes estamos
constantemente interactuando con los avances tecnológicos este tema nos parece
más relevante aún. La magnitud de la innovación tecnológica en los últimos
años, significativa como ésta ha sido, se verá pequeña en comparación con los
cambios sociales fomentados por la tecnología que veremos en el siguiente
quinquenio. La revolución tecnológica y social que vivirán las empresas y
consumidores entre ahora y el 2021 sólo podrá ser aprovechada por el país si es
que la eficiencia y productividad de la gestión pública se acelera
proporcionalmente, aprovechando para esto las innovaciones existentes hoy día.
Un buen ejemplo del tipo de
innovaciones que no se deben dejar pasar es el escenario tan conversado de los
procesos electrónicos, a veces denominado “Cero Papel”. No es nueva la visión
de un trámite interno completamente digitalizado, para el cual es irrelevante la
distancia entre los participantes, y que se ve significativamente acelerado
gracias a la habilidad de poder ver en tiempo real el avance del proceso y
poder discernir los cuellos de botella. Es más, este escenario se está
volviendo cada vez más común en el sector privado. En el sector público, sin
embargo, los procesos electrónicos a veces se entorpecen por la necesidad
(justificada muchas veces) de que la documentación e información legal del
proceso se vea refrendada en papel para mantener su transparencia y validez
legal.
Hace bastantes años que el
Estado Peruano, consciente de estos retos, ha propuesto y fomentado mecanismos
para agilizar sus procesos internos mediante tecnología. Un ejemplo de esto es
la Ley 27269 de Firmas y Certificados Digitales, promulgada hace más de una
década. Dicha ley permite que los documentos electrónicos tratados de formas
específicas tengan validez legal sin necesidad de estar impresos, físicamente
firmados o, como tradicionalmente esperamos, sellados. Las Firmas Digitales prometen
ser una forma efectiva de agilizar procesos del Estado, desde los más
fundamentales hasta los más triviales, liberando tiempo del empleado público y
aumentando la eficiencia y exactitud de la institución.
Si tecnologías como las
Firmas Digitales (entre otras) pueden ser tan eficientes e impactantes para
modernizar y agilizar al Estado, ¿qué falta para que éstas sean más utilizadas?
• En primer lugar, es
importante que los líderes del Estado y de sus instituciones perciban la
importancia de estas innovaciones, y fomenten su implantación así como el gran
cambio cultural que su uso significará dentro de la institución.
• En segundo lugar, estos
líderes deben ayudar a sus instituciones a enfrentar la desconfianza en la
seguridad de tecnologías revolucionarias como ésta. Al empleado público le
preocupa que el uso de mecanismos digitales le traiga problemas si es que su
identidad es falsificada o suplantada por medios tecnológicos. Mitigar esta
preocupación implica tomar en serio la necesidad de aumentar los niveles de
seguridad en términos de procesos y protección de la información de las
instituciones.
El adoptar estas
innovaciones no sólo es posible y realista; también es necesario para llegar al
siguiente nivel de desarrollo, productividad y competitividad que necesitamos
para tener los cimientos adecuados para destacar como país en los años
venideros.
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