Desde mañana jueves 2 de julio
entrará en vigencia la ley que delega al Poder Ejecutivo la
facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera por un
período de 90 días calendario.
La norma
publicada hoy establece que el Poder Ejecutivopodrá
aprobar normas dirigidas a promover, fomentar y agilizar la inversión pública y
privada, las asociaciones público-privadas y la modalidad de Obras por
Impuestos, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los
sectores y materias involucradas.
Esto incluye mecanismos de
incentivos y reorientación de recursos, que garanticen su ejecución en los tres
niveles de gobierno, y en las distintas actividades económicas y/o sociales.
El Gobierno también podrá dictar normas para
facilitar el comercio, tanto doméstico como internacional, así como para
establecer medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de comercio
internacional y eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan.
También se
facilitará la provisión de servicios de transporte acuático regular de
pasajeros, donde no haya oferta privada suficiente e idónea en la Amazonía.
Las
facultades que tendrá el Poder Ejecutivo le permitirán perfeccionar la
regulación y demás aspectos de las actividades de generación, distribución
eléctrica y de electrificación rural, así como dictar el marco general para la
interconexión internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de
electricidad.
También podrá promover el consumo
humano de recursos hidrobiológicos a través del desarrollo de la acuicultura,
así como impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la mejora de la
calidad, el desarrollo e implementación de los parques industriales y
ecosistemas productivos, de manera sistémica e integral, así como de los CITE.
Para ello
se establecerán procedimientos ágiles y transparentes para su rápido
despliegue.
Un último aspecto de las
facultades legislativas que tendrá el Poder Ejecutivo tiene que ver con
establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda y a la
formalización de la propiedad; así como fortalecer la rectoría en saneamiento
con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y optimizar la infraestructura
y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.
Además se
otorgarán incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes
inmobiliarios, el arrendamiento de inmuebles para vivienda e impulsar el
desarrollo del mercado del factoring.
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