Máxima Acuña recibió un masivo respaldo en
las redes sociales y un centenar de personas hizo un plantón en la puerta de
las oficinas de la minera.
La disputa por tierras entre una campesina y
Yanacocha, la mayor compañía aurífera de Sudamérica, vuelve a poner sobre el
tapete el conflicto entre nativos y empresas extractoras de recursos naturales
en Perú, con demandas de respeto a la propiedad y al medio ambiente. Máxima
Acuña de Chaupe y su familia disputan hace cuatro años con la empresa Yanacocha
la propiedad de un terreno en la zona de Tragadero Grande, en la región
Cajamarca, sierra norte de Perú.
Denunció Mirtha Vásquez, abogada de Máxima
Acuña, que empleados de la firma derribaron los cimientos de una casa que su
defendida construía en el territorio en litigio. La abogada recordó que un
tribunal falló a favor de la familia de la campesina, que fue absuelta del
delito de usurpación en un juicio contra la minera. Por su parte, Yanacocha,
administrada por la estadounidense Newmont y la peruana Buenaventura, precisó
que esa decisión no concede ningún derecho de propiedad para los Chaupe, que el
proceso judicial no ha terminado y que el terreno les pertenece desde fines de
los noventa.
Máxima Acuña recibió un masivo respaldo en
las redes sociales y un centenar de personas hizo un plantón en la puerta de
las oficinas de la minera. Lo que ocurre entre Máxima y Yanacocha no es un
hecho aislado ni una novedad en el mayor productor de oro del continente, y en
donde campesinos temen que la actividad minera afecte su hábitat. Según un
informe de la Defensoría del Pueblo, en Perú, el mayor productor de oro del
continente, se detectaron 210 conflictos sociales durante el mes de enero. De
estos, 140 casos son socioambientales.
En la Amazonía peruana, un grupo de 400
nativos mantienen ocupados 14 pozos de la petrolera Pluspetrol, exigiendo a la
firma compensaciones por el uso de sus tierras, además de acusarla de causar
daños ambientales, como contaminar el agua y alimentos. Pluspetrol dice que
atiende las demandas pero pide que se levante la medida de fuerza para
conversar. Un delegado del gobierno es mediador en el diálogo.
En tanto, el martes, un frente de Defensa de
la localidad de Pichanaki, en la región Junín (centro) también convocó a un
paro contra Pluspetrol por daño ambiental. La firma rechazó las acusaciones y
precisó que la mayoría de asociaciones de esa comunidad se opone a la medida.
"Parece que el gobierno espera a que la situación se agrave para recién
reaccionar. Los indígenas han tratado el tema con responsabilidad. La
irresponsabilidad es del gobierno por dejar que este tema avance", dijo
Miguel Jugo Viera, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos.
En recientes negociaciones, el gobierno ha
ofrecido 100 millones de nuevos soles (unos 33 millones de dólares) para el
desarrollo de la Amazonía. "Soluciones hay. Eso debió haberse dicho antes
de que pase todo esto. Ya ocurrió alguna vez con el Baguazo, donde todo se
extralimitó y el caso terminó con muertes", recordó Jugo Viera. En junio
de 2009, durante el gobierno del presidente Alan García, un conflicto entre
nativos y el gobierno por unos decretos que consideraban pase libre para la
explotación de hidrocarburos en sus territorios, terminó con 24 policías y 10
indígenas muertos en Bagua.
En 2008, Yanacocha tuvo que suspender su
proyecto minero Conga, también en la región Cajamarca, con pobladores que se
opusieron a los posibles daños ambientales que este podría causar en sus
territorios. "Hay que reconocer que, en democracia, este tipo de tensiones
se resuelven. Demuestran que hay una democracia vibrante, pujante, y eso es
importante", dijo a corresponsales extranjeros el director del Banco
Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, el colombiano Alberto
Rodríguez.
Perú espera liderar este año el crecimiento
en la región, con una expansión superior al cuatro por ciento de su PIB, pese a
la mala temporada para el precio de las materias primas. Esto, tras un débil
2014, donde las inversiones mineras cayeron más de un 10 por ciento. Para la
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), que agrupa a las
principales multinacionales del rubro en Perú, las autoridades ambientales son
las responsables, debido a la demora en aprobar los permisos de operación.
Según el presidente del gremio, Carlos
Gálvez Pinillos, el gobierno ha fijado "estándares ambientales
utópicos" como condición para dar luz verde a las inversiones. La
convivencia entre las comunidades nativas y las actividades de extracción sigue
siendo un tema pendiente en un país que tiene en la minería un importante
impulsor de su crecimiento.
http://www.bizusaperu.com/analisis/una-campesina-batalla-en-peru-contra-minera-yanacocha-la-mayor-aurifera-de-sudamerica.html
Comentarios
Publicar un comentario